El sector de la comunicación audiovisual es un sector estratégico tanto en el orden social, por su importancia en el desarrollo en toda sociedad democrática de una ciudadanía participativa, como en el económico, por su papel dinamizador de un sistema económico sostenible. El Gobierno, se propone ordenar el sector por decreto y con una ley general que deroga la legislación vigente, dejando un vacío legislativo que pone en riesgo la viabilidad y la estabilidad del empleo. El Sector Estatal de Medios de Comunicación de FSC-CC.OO. manifiesta su preocupación por la iniciativa legislativa que el Ejecutivo lleva a cabo sin contar con los agentes sociales y que supone una completa desregulación del sector que no garantiza  el empleo ni el desarrollo del sector en un modelo de economía sostenible.

  El anteproyecto de ley General de la Comunicación audiovisual que el Ejecutivo ha elaborado, deroga toda la legislación vigente del sector, desde la ley del tercer canal, la ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la ley general de telecomunicaciones, la ley de impulso de la televisión digital terrestre,… y así hasta 14 leyes. Si bien es cierto que el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea,  también lo es que este anteproyecto supone una desregulación y no una ordenación del sector.

  Cabe destacar la eliminación del concepto de Servicio Público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica. Dejando el Servicio Público como un elemento marginal con la consiguiente pérdida de liderazgo de los medios públicos abriendo la posibilidad de la gestión indirecta. Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese Servicio Público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que a su vez es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a recibir y participar en la información, y demás ofertas audiovisuales ni la posibilidad de exigirlas.

  El anteproyecto no define el modelo de producción audiovisual en la España del siglo XXI, es meramente una concesión para que los operadores fuertes hagan lo que quieran sin ningún control. Con este texto se abre la posibilidad de que proliferen compañías que se dediquen a emitir lo que contratan a pequeñas productoras.  Se elimina la producción propia interna, y todo lo que conlleva de precarización del trabajo en todas las empresas audiovisuales. La destrucción del sector supone la pérdida de las conquistas de la negociación colectiva, que muchos trabajadores de los medios están padeciendo, por la falta de regulación y de control. El  texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Si queremos tener una industria de la comunicación audiovisual sostenible que se sustente en los valores democráticos, la ley debe comprometer las licencias, los contratos mercantiles suscritos con el Estado, a un mínimo de producción propia interna, garantía de estabilidad y empleo de calidad. Estamos ante una reconversión de sector,  auspiciado por el Gobierno sin consenso con los partidos políticos,  los sindicatos y los grupos sociales que deja al margen del debate a la sociedad. Los trabajadores de los medios de comunicación llevamos padeciendo desde hace mucho tiempo las arbitrariedades empresariales en cuanto a la desregulación de nuestras condiciones de trabajo, con esta reconversión sectorial que el Gobierno ha iniciado la estabilidad de nuestros empleos y la creación de nuevos puestos de trabajo está en riesgo. 

  CC.OO. sigue apostando por un modelo que informe, entretenga y eduque, tanto de las radiotelevisiones de titularidad estatal como los operadores privados, desde el respeto y el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social.