MANIFIESTO

Los países desarrollados de nuestro entorno han previsto que la televisión ha de cubrir objetivos de servicio público de trascendental importancia desde el punto de vista cultural, educativo, de acceso y participación. Esos objetivos están reflejados en nuestra Constitución, aparecen directamente vinculados con la esencia misma de la democracia y atienden a enunciados tales como:

- Compensar las desigualdades sociales.
- Defender la libertad de expresión
- Apoyar un concepto de educación y formación permanente, imprescindibles a lo largo de toda la vida.
- Fomentar una programación que proteja los derechos de niños y jóvenes.
- Promover el acceso y la participación de los diversos agentes sociales en una comunicación verdaderamente democrática.
- Promocionar la diversidad cultural y lingüística.
- Atender a las necesidades de las minorías.

La Comisión Europea confiere al servicio público de radiodifusión un papel central en el funcionamiento de las sociedades democráticas modernas, en especial en el desarrollo y transmisión de valores sociales. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos e influya de forma tan generalizada en los comportamientos sociales.

Sin embargo, las radiotelevisiones públicas españolas (RTVE, autonómicas y locales) no cumplen plenamente los objetivos de servicio público y, en algunos casos, los incumplen sistemáticamente. No están siendo coherentes con las leyes que regulan su funcionamiento ni con los principios básicos que definen sus programaciones. No se caracterizan por el pluralismo, la veracidad y la imparcialidad, ni mucho menos por su independencia del poder político.

Los diferentes Gobiernos no han dado aún a la Radiotelevisión Pública la oportunidad de mostrarse como un servicio esencial para la comunidad. Por el contrario, han propiciado un modelo de gestión "gubernamentalizado", progresivamente debilitado en sus recursos, y sometido a una amenaza permanente de privatización.

Precisamente los empresarios del sector privado han sido los principales beneficiarios de esas políticas erráticas que han deteriorado la imagen que la mayoría de los ciudadanos tienen de la televisión pública.

Ahora existe un riesgo real de que se inicie un proceso de privatización y que se nos hurte, definitivamente, el derecho a disfrutar de una auténtica radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.

Por todas estas razones, exigimos :

· La apertura de un debate social en el que las asociaciones ciudadanas y de consumidores, los agentes sociales, los profesionales de la comunicación, las instituciones estatales, autonómicas y locales, con especial incidencia en las culturales y educativas, reflexionen y formulen sus propuestas en beenficio de unas radiotelevisiones públicas sólidas, ricas en recursos y de calidad.

· El compromiso de una financiación estable y suficiente que permita cumplir con las funciones de servicio público inherentes a una sociedad democrática. Resulta indispensable estudiar nuevas vías de financiación, racionalizar el gasto y profesionalizar la gestión.

· La creación de una autoridad independiente, inspirada en los Consejos Superiores del Audiovisual ya existentes en otros países de nuestro contexto geográfico y cultural.

· El derecho de acceso y participación de los grupos sociales, con especial atención a las minorías y, muy especialmente, a los derechos de la infancia recogidos en la convención internacional de los derechos del niño.

· Una Radiotelevisión pública que refuerce su colaboración en sus diferentes ámbitos, estatal, autonómico y municipal, que respete el pluralismo y fomente la solidaridad y el intercambio cultural de los diversos pueblos de España.

· Una Radiotelevisión pública en la vanguardia de la convergencia tecnológica con el fin rentabilizar socialmente todo el capital acumulado en estos años. Que lidere el cambio tecnológico para evitar los riesgos de acentuar el abismo ya existente entre aquellos sectores que cuentan con grandes posibilidades de acceso a la información, a la educación y la cultura, frente a aquellos otros más desfavorecidos.

En estos momentos la radiotelevisión pública Estatal (RTVE) es el principal símbolo del estado de abandono de la radiotelevisión pública en España. Denunciamos, no sólo ese abandono, al que se ha sometido a RTVE desde los poderes públicos, sino también el permanente acoso del que es objeto por parte de los grupos privados. Denunciamos asimismo el incumplimiento del Estatuto de la Radio y la Televisión que se ha venido produciendo desde el año 1983 y que ha ocasionado una acumulación de la deuda cercana al billón de pesetas.

Exigimos la definición de un modelo que permita que RTVE tenga un potencial equivalente al que poseen las televisiones públicas de nuestro entorno para que asuma su plena democratización, transformándose en una autentica radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos.

Declaramos que la autoridad legítima para determinar el perfil de la radiotelevisión pública es el parlamento, que debe concretar con urgencia, conjuntamente y no de forma separada, individual o partidista, contenidos básicos, organización y financiación, garantizando el funcionamiento independiente y autónomo respecto de gobiernos y partidos políticos.

Plataforma en defensa de la Radiotelevisión Pública
Madrid, 22 de noviembre de 2001