Art. 1

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del
Derecho en conflictos tanto individuales como colectivos.

- Art.9 LOPJ - Art.25 LOPJ - Art.53 LOPJ - Art.55 LOPJ - Art.59 LOPJ - Art.62 LOPJ - Art.64 LOPJ - Art.70 LOPJ -
Art.71 LOPJ - Art.75 LOPJ - Art.78 LOPJ - Art.92 LOPJ - Art.93 LOPJ -

Art. 2

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo.

b) En materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo.

c) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social incluidos los planes de pensiones
y contratos de seguro siempre que su causa derive de un contrato de trabajo o convenio colectivo.

d) Entre los asociados y las Mutualidades, así como entre las fundaciones laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre
cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los
fines y obligaciones propios de estas entidades.

e) Contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

f) Contra el Fondo de Garantía Salarial, en los casos en que le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

g) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su
modificación.

h) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en lo relativo a su funcionamiento
interno y a las relaciones con sus afiliados.

i) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos
en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos
y su modificación.

j) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del
Derecho.

k) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical.

l) En procesos de conflictos colectivos.

m) Sobre impugnación de convenios colectivos.

n) En procesos sobre materias electorales, incluida la denegación de registro de actas electorales, también cuando se refieran a
elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

ñ) Entre las sociedades cooperativas de trabajo asociado o anónimas laborales y sus socios trabajadores, por su condición de
tales.

o) Entre los empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de puesta a disposición.

p) Respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por normas con rango de Ley.

- Art.33 ET - Art.76 ET - Art.90 ET - Art.126 LGCO - Art.233 LGSS - DA6 LPA - DD LOLS -

Art. 3

No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social:

a) De las pretensiones que versen sobre la impugnación de los actos de las Administraciones públicas sujetos al derecho
administrativo en materia laboral.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o, en su
caso, por las Entidades gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta.

c) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos y al personal a
que se refiere el artículo 1.3.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Art.1 ET -

Art. 4

1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones
previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo
lo previsto en el apartado 3 de este artículo.

2. Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso. La decisión que se
pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte.

3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar
la debida decisión sólo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla.

4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal sólo procederá si la falsedad documental en
que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas
condicionadas directamente por la resolución de aquélla.

Art. 5

1. Si los órganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia o de la
función, acto seguido de su presentación dictarán auto declarándolo así y previniendo al demandante ante quién y cómo puede
hacer uso de su derecho.

2. Igual declaración deberán hacer al dictar sentencia, si se estimasen incompetentes, absteniéndose de entrar en el
conocimiento del fondo del asunto.

3. La declaración de oficio de la incompetencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las
partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.

4. Contra el auto de declaración de incompetencia podrán ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley.

Art. 6

Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, salvo
los mencionados en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.

- Art.8 LPL - Art.7 LPL -

Art. 7

Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán:

a) En única instancia de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren los párrafos g), h), i), k), l) y m) del artículo 2
cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al
de la Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes.

b) De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su
circunscripción.

c) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción.

- Art.2 LPL -

Art. 8

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los procesos a que se refieren los párrafos g), h),
i), k), l) y m) del artículo 2, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma.

- Art.2 LPL -

Art. 9

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá:

a) De los recursos de casación establecidos en la Ley.

b) Del recurso de revisión contra sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social.

c) De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior
jerárquico común.

Art. 10

La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Con carácter general será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado,
a elección del demandante.

Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquel de ellos
en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del
demandado.

En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de
los demandados.

En las demandas contra las Administraciones públicas será Juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el
del domicilio del demandante, a elección de éste.

2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso Juzgado competente:

a) En los que versen sobre la materia referida en el párrafo b) del artículo 2, aquel en cuya circunscripción se haya producido la
resolución, expresa o presunta, impugnada en el proceso, o el del domicilio del demandante, a elección de éste.

b) En los que versen sobre las materias referidas en los párrafos c) y d) del artículo 2, el del domicilio del demandado o el del
demandante, a elección de éste, salvo en los procesos entre Mutualidades de Previsión, en los que regirá el fuero de la
demandada.

c) En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, el que dictó la sentencia de despido.

d) En los que versen sobre las materias referidas en los párrafos g) e i) del artículo 2, el de la sede del sindicato o de la
asociación empresarial.

e) En los que versen sobre la materia referida en los párrafos h) y j) del artículo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos
del acto o actos que dieron lugar al proceso.

f) En los que versen sobre la materia referida en el párrafo k) del artículo 2, el del lugar donde se produjo la lesión respecto de
la que se demanda la tutela.

g) En los procesos electorales regulados en la sección II, capítulo V, Título II del Libro II de esta Ley, el del lugar en cuya
circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo; y si los centros están situados en municipios distintos, en que
ejerzan jurisdicción Juzgados diferentes, con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al
servicio de las Administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente se hubiera constituido la mesa electoral.

h) En los de impugnación de convenios colectivos y en los de conflictos colectivos, el de la circunscripción a que se refiera el
ámbito de aplicación del convenio impugnado o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente.

- Art.2 LPL -

Art. 11

1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia corresponderá:

a) En los de conflicto colectivo o en los de impugnación de convenios colectivos, a la del Tribunal en que se produzcan los
efectos del conflicto o a la de aquel a cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del convenio
impugnado, respectivamente.

b) En los que versen sobre la materia referida en los párrafos g) e i) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción
tengan su sede el sindicato y la asociación empresarial.

c) En los que versen sobre la materia referida en el párrafo h) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se
produzcan los efectos del acto o actos a que dieron lugar al proceso.

d) En los que versen sobre la materia referida en el párrafo k) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se
produzca la lesión respecto de la que se demanda la tutela.

2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal Superior, la competencia territorial de cada una de ellas se
determinará por aplicación de las reglas establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripción territorial de la Sala.

3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias Salas, sin exceder del
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya
aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

- Art.2 LPL -

Art. 12

Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de otros órdenes de la Jurisdicción se
regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 13

1. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí, estándose al respecto a lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos del orden social de la Jurisdicción serán decididas por el
inmediato superior común.

- Art.52 LOPJ -

Art. 14

Las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo
lo dispuesto en las siguientes reglas:

a) Las declinatorias se propondrán como excepciones perentorias y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender
el curso de los autos.

Si se estimase la declinatoria, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y si la
acción estuviese sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la
sentencia que estime la declinatoria quede firme.

b) Formulada inhibitoria, el órgano ante el que se plantee lo comunicará por el medio más rápido posible al órgano ante el que
penda el proceso, que suspenderá su tramitación a las resultas de aquélla.

Una vez que haya quedado firme el auto en que se declare no haber lugar el requerimiento de inhibición se comunicará por el
medio más rápido posible al órgano que conociera del proceso, que alzará la suspensión y continuará su trámite.

Si de lo actuado se apreciase que el planteamiento de la cuestión tenía una exclusiva finalidad dilatoria, en la resolución en la
que se declare no haber lugar al requerimiento de inhibición se impondrá motivadamente al que la formuló la multa prevista en
el artículo 97.3.

- Art.97 LPL -

Art. 15

1. La abstención y la recusación se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La recusación habrá de proponerse:

a) En instancia, con anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio.

b) En recursos, antes del día señalado para la votación y fallo, o, en su caso, la vista.

3. La proposición de la recusación no suspenderá la ejecución.

- Art.217 LOPJ -

Art. 16

1. Podrán comparecer en juicio en defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles.

2. Tendrán capacidad procesal respecto de los derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la
relación de Seguridad Social, los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, cuando legalmente no
precisen para la celebración del contrato de trabajo autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los
tenga a su cargo, o hubieran obtenido autorización conforme a la legislación laboral para contratar de sus padres, tutores o de
la persona o institución que los tenga a su cargo.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho
tendrán igualmente capacidad procesal respecto de los derechos de naturaleza sindical y de representación.

4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que
deban suplir su incapacidad conforme a Derecho.

5. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen. Por las comunidades de bienes y grupos
comparecerán quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de los mismos.

- Art.7 ET - Art.6 ET -

Art. 17

1. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del
orden social, en los términos establecidos en las Leyes.

2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses
económicos y sociales que les son propios.

Art. 18

1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o a
cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La representación podrá conferirse mediante
poder otorgado por comparecencia ante Secretario judicial o por escritura pública.

2. En el caso de otorgarse la representación a abogado, deberán seguirse los trámites previstos en el artículo 21.3 de esta Ley.

- Art.21 LPL -

Art. 19

1. En los procesos en los que demanden de forma conjunta más de diez actores, éstos deberán designar un representante
común, con el que se entenderán las sucesivas diligencias del litigio. Este representante deberá ser necesariamente abogado,
procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Dicha representación podrá conferirse
mediante poder otorgado por comparecencia ante Secretario judicial, por escritura pública o mediante comparecencia ante el
servicio administrativo que tenga atribuidas las competencias de conciliación, mediación o arbitraje o el órgano que asuma
estas funciones. Junto con la demanda se deberá aportar el documento correspondiente de otorgamiento de esta
representación.

2. Cuando el Juzgado o Tribunal, conforme al artículo 29, acuerde de oficio o a instancia de parte la acumulación de autos
correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo demandado, afectando de este modo el proceso a más de
diez actores, los requerirá para que designen un representante común, pudiendo recaer dicha designación en cualquiera de los
sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, junto con la comunicación a los actores de la resolución de
acumulación, les citará de comparecencia ante el Secretario judicial dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento
del representante común; si el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la
designación del representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el resto.

3. En todo, caso cualquiera de los demandantes podrá expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o de
designar un representante propio, diferenciado del designado de forma conjunta por los restantes actores.

- Art.29 LPL -

Art. 20

1. Los sindicatos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los trabajadores afiliados a ellos que así se lo autoricen,
defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichos trabajadores los efectos de aquella actuación.

2. En la demanda, el sindicato habrá de acreditar la condición de afiliado del trabajador y la existencia de la comunicación al
trabajador de su voluntad de iniciar el proceso. La autorización se presumirá concedida salvo declaración en contrario del
trabajador afiliado. En el caso de que no se hubiese otorgado esta autorización, el trabajador podrá exigir al sindicato la
responsabilidad que proceda, que habrá de decidirse en proceso laboral independiente.

3. Si en cualquier fase del proceso el trabajador expresara, a presencia judicial, que no había recibido la comunicación del
sindicato o que habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su nombre, el Juez o Tribunal, previa
audiencia del sindicato, acordará el archivo de las actuaciones sin más trámite.

Art. 21

1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, pero
podrá utilizarla cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos,
con las excepciones fijadas en el artículo 25 de esta Ley.

2. Para los trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, la designación de abogado podrá ser
voluntaria o de oficio.

3. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social
colegiado, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte
al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

4. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el
Juez o Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.

5. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del régimen público de
Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones, así
como la paralización del curso de los autos, en su caso.

- Art.25 LPL -

Art. 22

1. La representación y defensa del Estado y de sus Organismos autónomos, de los Organos Constitucionales, de las
Comunidades Autónomas, de las Entidades locales y demás Entidades públicas se regirán por lo dispuesto en el artículo 447
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas de aplicación.

2. La representación y defensa de las Entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social corresponderá a los
Letrados de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que para supuestos determinados pueda conferirse la
representación conforme a las reglas generales del artículo 18 o designarse abogado al efecto.

- Art.447 LOPJ -

Art. 23

1. El Fondo de Garantía Salarial podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación, en aquellos
procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una responsabilidad de abono de salarios o indemnizaciones a los
trabajadores litigantes, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.

2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como de las ya declaradas insolventes o
desaparecidas, el Juez, de oficio o a instancia de parte, citará como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la
demanda a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho.

3. En los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo de la legislación laboral, las afirmaciones de
hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo harán fe, salvo prueba en
contrario.

- Art.33 ET -

Art. 24

1. Si el pago de las prestaciones legalmente a cargo del Fondo de Garantía Salarial se hubiere producido con anterioridad al
inicio de la ejecución, al instarse ésta, en subrogación de los derechos y acciones de los trabajadores que figuren en el título
ejecutivo, deberá acreditarse fehacientemente el abono de las cantidades satisfechas y que éstas corresponden, en todo o en
parte, a las reconocidas en el título.

2. Despachada ejecución, se hará constar en el auto la subrogación producida, notificándose a los trabajadores afectados o a
sus representantes, a quienes, si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa ejecutada por la
parte no satisfecha por el Fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes en el término de quince días
como máximo hasta el momento de abono de las cantidades obtenidas si, de ser insuficientes, pretendieren el abono o prorrata
con el Fondo de los respectivos importes de sus créditos.

Art. 25

1. Con las excepciones previstas en la presente Ley, la justicia se administrará gratuitamente, hasta la ejecución de sentencia.

2. Los trabajadores, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, los que acrediten insuficiencia de recursos
para litigar y hubieran obtenido el oportuno reconocimiento judicial así como todos los que tengan reconocido este derecho
por alguna disposición del Estado o por los convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno disfrutarán
del derecho a nombramiento de abogado por el turno de oficio, sin obligación de abonar honorarios, quedando exentos de
hacer los depósitos y las consignaciones que sean necesarias para la interposición de cualquier recurso.

- Art.58 LGSS -

Art. 26

1. El reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente en los términos del artículo anterior se efectuará por el órgano judicial a
quien corresponda el conocimiento del asunto principal, sin que su solicitud produzca la suspensión de éste. Recibida la
solicitud, que se acompañará de los documentos justificativos para apreciar los ingresos o recursos del solicitante, se citará de
comparecencia a las partes y al Abogado del Estado, dentro de los cinco días siguientes, celebrándose dicha comparecencia
por los trámites del juicio oral previstos para el procedimiento ordinario. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal
dictará sentencia en el plazo de tres días, contra la que no cabrá recurso alguno.

2. Las sentencias reconociendo o denegando el derecho a litigar gratuitamente no producen los efectos de cosa juzgada.

Art. 27

1. El actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de diferentes
títulos.

2. No obstante y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de esta Ley, no podrán acumularse a otras en un mismo
juicio, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido, las de extinción del contrato de trabajo de los artículos 50
y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las que versen sobre materia electoral, las de impugnación
de convenios colectivos, las de impugnación de estatutos de los sindicatos y las de tutela de la libertad sindical y demás
derechos fundamentales.

3. Tampoco serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de Seguridad Social, salvo cuando tengan la misma causa
de pedir.

- Art.32 LPL - Art.33 LPL - Art.50 ET - Art.52 ET -

Art. 28

1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumuladas, el Juez o Tribunal requerirá al demandante para que, en el plazo de
cuatro días subsane el defecto, eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, se acordará el archivo
de la demanda, notificándose la resolución.

2. No obstante, cuando se trate de una demanda de despido a la que indebidamente se hubiera acumulado otra acción, aunque
el actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio de despido y se tendrá por no formulada la otra acción acumulada,
advirtiéndose al demandante de su derecho a ejercitarla por separado.

Art. 29

Si en el mismo Juzgado o Tribunal se tramitaran varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores sean
distintos, y se ejercitasen en ella idénticas acciones, podrá acordarse, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de los
autos.

Art. 30

Si en el caso del artículo anterior las demandas pendieran ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción,
también podrá acordarse la acumulación de todas ellas, de oficio o a petición de parte. Esta petición habrá de formularse ante
el Juez que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes en el Registro.

Art. 31

A los procesos de oficio iniciados a virtud de comunicación de la autoridad laboral regulados en el artículo 146 de esta Ley, se
acumularán, de acuerdo con las reglas anteriores, las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de
causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque pendan en distintos Juzgados de la misma circunscripción.

- Art.146 LPL -

Art. 32

Cuando el trabajador formule demandas por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio
o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos,
el trabajador deberá hacer constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el Juzgado que conoce del
asunto.

- Art.50 ET -

Art. 33

En las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo se podrá acordar de oficio o a
instancia de parte la acumulación de recursos pendientes, cuando entre ellos exista identidad de objeto y de alguna de las
partes, previa audiencia de los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal en los recursos de casación.

Art. 34

1. La acumulación de acciones y autos deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación, en
su caso, y de juicio, salvo que se proponga por vía de reconvención.

2. La acumulación de recursos podrá acordarse en cualquier momento anterior al señalamiento para votación y fallo y, en su
caso, vista.

3. Acordada la acumulación de autos, podrá ésta dejarse sin efecto respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que
justifiquen su tramitación separada.

Art. 35

La acumulación de acciones, autos y recursos cuando proceda producirá el efecto de discutirse conjuntamente y resolverse en
una sola resolución todas las cuestiones planteadas.

Art. 36

1. En las ejecuciones de sentencias y demás títulos ejecutivos contra un mismo deudor y ante un mismo órgano podrá
disponerse de oficio o a instancia de parte la acumulación de los mismos, en los términos establecidos en esta Ley.

2. Igual regla regirá en las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ante Juzgados de lo Social distintos de la misma o
de diversa circunscripción.

Art. 37

1. Cuando las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero y existan indicios de que los bienes
del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los créditos que se ejecuten, deberá acordarse
la acumulación de ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo Juzgado, o a instancia de parte, de
conocer de ellas Juzgados distintos.

2. En los demás supuestos, el órgano judicial podrá acordar la acumulación, de oficio o a instancia de parte, si así procede,
atendiendo a criterios de economía y de conexión entre las diversas obligaciones cuya ejecución se pretenda.

Art. 38

1. La acumulación será decretada, en su caso, por el órgano judicial que haya iniciado con anterioridad la ejecución, al que
también corresponderá, en los términos establecidos en esta Ley, adoptar cuantas medidas sean necesarias para la efectividad
de las ejecuciones acumuladas.

2. Si las ejecuciones cuya acumulación se pretenda se tramitaran ante órganos judiciales de diversa circunscripción, y en la
iniciada con anterioridad no figurase incluida la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados ni embargada con
prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común, la acumulación corresponderá decretarla, en su caso al órgano
judicial que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor parte de los referidos bienes.

Art. 39

1. El incidente de acumulación podrá plantearse por o ante el órgano judicial competente para decretar la acumulación de las
ejecuciones, en los términos indicados en el artículo anterior, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes.

2. De estimar procedente la acumulación, el órgano judicial dictará auto, oídas las partes, reclamando la remisión de las
ejecuciones a acumular a los órganos judiciales en los que se tramiten.

3. Si el Juez requerido estima procedente el requerimiento dictará auto accediendo a ello y acordando la remisión de lo
actuado.

4. En el supuesto de acumulación preceptiva establecido en el artículo 37.1 de esta Ley, si el Juez competente para decretar la
acumulación la estimara improcedente o si el Juez requerido no accediere a ella, tras dictar el auto correspondiente, elevará
seguidamente a la Sala de lo Social del Tribunal superior inmediato común testimonio suficiente de sus actuaciones y, en su
caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulación comunicándolo al otro Juez afectado para que por éste se haga lo
propio y remita, de no haber aún intervenido, el oportuno informe. La Sala resolverá sobre la procedencia de la acumulación y
determinará el Juzgado competente para conocer de las ejecuciones.

- Art.37 LPL -

Art. 40

El incidente de acumulación no suspenderá la tramitación de las ejecuciones afectadas salvo las actuaciones relativas al pago a
los ejecutantes de las cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente.

Art. 41

1. La acumulación podrá instarse o acordarse mientras no quede cumplida la obligación que se ejecute o hasta que, en su caso,
se declare la insolvencia del ejecutado.

2. La acumulación no altera las preferencias que para el cobro de sus créditos puedan ostentar legalmente los diversos
acreedores.

Art. 42

Las actuaciones judiciales han de ser autorizadas por el Secretario o por el Oficial de la Administración de Justicia a quien
aquél habilite o que legalmente le sustituya.

Art. 43

1. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles.

2. Las actuaciones se realizarán en el término o dentro del plazo fijado para su práctica. Transcurridos éstos, se dará de oficio
al proceso el curso que corresponda.

3. Salvo los plazos señalados para dictar resolución judicial, todos los plazos y términos son perentorios e improrrogables y
sólo podrán suspenderse y abrirse de nuevo en los casos taxativamente establecidos en las leyes.

4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de
trabajo de los artículos 50 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vacaciones, materia electoral,
conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.

Tampoco serán inhábiles dichos días para las actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos
reclamados o para las de aquellas que de no adoptarse, puedan producir un perjuicio de difícil reparación.

5. El Juez o Tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas
en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Iniciada una actuación en tiempo hábil
podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación.

6. A los efectos del plazo para interponer recursos, cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de carácter local o
autonómico, se hará constar por diligencia.

- Art.52 ET - Art.50 ET -

Art. 44

Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de los Juzgados y Salas de lo Social.

Art. 45

1. La presentación de escritos o documentos el último día de un plazo, podrá efectuarse ante el Juzgado de Guardia de la sede
del Juzgado o Sala de lo Social competente, si tiene lugar en horas en que no se halle abierto el Registro de entrada de dichos
órganos. A tal efecto se habrá de expresar la hora en la oportuna diligencia de presentación en el Juzgado de Guardia,
debiendo el interesado dejar constancia de ello en el Juzgado o Sala de lo Social al día siguiente hábil, por el medio de
comunicación más rápido.

2. En las islas en las que no tengan sede los Juzgados de lo Social, la presentación de escritos y documentos podrá efectuarse,
en las mismas condiciones del apartado anterior, en cualquiera de los Juzgados de la isla que asuma las funciones de Juzgado
de Guardia.

Art. 46

1. El Secretario, o quien desempeñe sus funciones pondrá diligencia para hacer constar el día y hora de la presentación de los
escritos y documentos y en todo caso, dará al interesado recibo con tal indicación. Dicho recibo puede consistir en una
diligencia extendida en la copia que la parte presente al efecto.

2. En el mismo día o en el siguiente día hábil, el Secretario o quien desempeñe sus funciones dará cuenta al Juez o Presidente o,
en su caso, efectuará la diligencia de ordenación o propuesta de resolución oportuna.

Art. 47

1. Los autos permanecerán en los Juzgados y Salas de lo Social bajo la custodia del Secretario donde podrán ser examinados
por los interesados que acrediten interés legítimo, a quienes deberá entregárseles testimonios, certificaciones o copias simples
cuando lo soliciten.

2. Todo interesado podrá tener acceso al libro de sentencias a que se refiere el artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

- Art.265 LOPJ -

Art. 48

1. Sólo se entregarán los autos cuando la Ley lo ordene expresamente y por el plazo señalado. Se entenderá que el plazo
empieza a transcurrir desde que se notifique al interesado que los autos están a su disposición.

2. Si transcurrido el plazo concedido para su examen no fueren devueltos los autos, incurrirá el responsable de ello, salvo que
la entrega se hubiere efectuado por testimonio, en multa de 2.000 a 20.000 pesetas diarias. Pasados dos días sin que los
mismos hayan sido devueltos, procederá el Secretario a su recogida; si al intentarlo no le fueran entregados en el acto, dará
cuenta al Juez para que disponga lo que proceda por retraso en la devolución.

Art. 49

1. Los Juzgados y Tribunales de lo Social adoptarán sus decisiones por medio de providencias, autos y sentencias en los casos
y con las formalidades legalmente previstos.

2. También dictarán resoluciones verbales durante la celebración del juicio u otros actos a presencia judicial, reseñándose en el
acta.

Art. 50

1. El Juez, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar sentencia de viva voz, que se consignará en el acta con el
contenido y requisitos establecidos en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También podrá limitarse a
pronunciar el fallo, que se documentará en el acta mediante la fe del Secretario, sin perjuicio de la redacción posterior de la
sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente previstos.

2. No podrán pronunciarse sentencias de viva voz en los procesos por despido disciplinario y de extinción del contrato de
trabajo de los artículos 50 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los que versen sobre
reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo, en los de
conflicto colectivo, en los de impugnación de convenios colectivos, en los de impugnación de estatutos de los sindicatos y en
los de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.

3. Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente mediante su lectura y la firma del acta. Si, conocido el
fallo las partes expresaran su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia.

4. Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le hará la oportuna notificación.

5. En los mismos supuestos y condiciones establecidos en el presente artículo el Juez podrá dictar verbalmente autos al término
de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso.

- Art.248 LOPJ - Art.50 ET - Art.52 ET -

Art. 51

1. A los Secretarios corresponde proponer al Juez o a la Sala de lo Social las resoluciones que deban revestir la forma de
providencia o auto. Se exceptúan las providencias que revisen las diligencias de ordenación y los autos decisorios de
cuestiones incidentales sobre recursos o sobre asuntos en que se haya suscitado contienda así como los limitativos de
derechos.

2. Las propuestas deberán adoptarse en el tiempo y con la forma previstos legalmente para la resolución de que se trate.
Deberán ser suscritas por el Secretario proponente y el Juez o la Sala podrá aceptarlas con la expresión de "conformes" o
dictar la resolución que proceda.

Art. 52

1. Corresponde a los Secretarios dictar diligencias de ordenación que tengan por objeto dar a los autos el curso ordenado por
la Ley, así como impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites.

2. Su forma se limitará a la expresión de lo que se disponga, con el nombre del Secretario, la fecha y su firma.

3. Las diligencias de ordenación serán revisables de oficio por el Juez o por el Magistrado Ponente de la Sala de lo Social.

4. Las partes podrán pedir la revisión de las diligencias de ordenación en el día siguiente a su notificación, en escrito motivado
dirigido al Juez o al Ponente, quienes resolverán de plano, salvo que consideren necesario dar traslado a la parte contraria para
que en el plazo de dos días, comunes si fuesen varias, aleguen lo conveniente. En este caso habrá de dictarse la providencia
resolutoria en término de una audiencia.

Art. 53

1. Los actos de comunicación se efectuarán en forma que se garanticen el derecho a la defensa y los principios de igualdad y
de contradicción. Habrán de practicarse por los medios más rápidos y eficaces que permitan su adecuada constancia y las
circunstancias esenciales de la misma.

2. En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes señalarán un domicilio para la práctica de actos de
comunicación.

3. Si las partes comparecieren con representación o asistencia de profesionales, el domicilio de éstos será el indicado para la
práctica de los actos de comunicación, salvo que señalen otro.

Art. 54

1. Las providencias, autos, sentencias y diligencias de ordenación del Secretario se notificarán en el mismo día de su fecha, o
de la publicación, en su caso, a todos los que sean parte en el juicio, y no siendo posible, en el día hábil siguiente.

2. También se notificarán, cuando así se mande, a las personas y entidades a quienes se refieran o puedan parar perjuicio u
ostentaren interés legítimo en el asunto debatido.

3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse medidas tendentes a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las
partes o a asegurar la efectividad de la resolución judicial, y la notificación inmediata al afectado de las actuaciones procesales
o de la medida cautelar, preventiva o ejecutiva adoptada pudiera poner en peligro su efectividad, el órgano judicial podrá,
motivadamente, acordar la demora en la práctica de la notificación durante el tiempo indispensable para lograr dicha
efectividad.

Art. 55

Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos se harán por el Secretario o por quien desempeñe sus
funciones, en el local del Juzgado o Tribunal o en el servicio común, si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados y,
en otro caso, en el domicilio señalado a estos efectos.

Art. 56

1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal se harán,
cualquiera que sea el destinatario, por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido
del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo.

2. En el exterior del sobre deberán constar las advertencias contenidas en el artículo 57.3 de la presente Ley dirigidas al
receptor para el caso de que no fuera el interesado.

3. En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y será firmado por el funcionario de Correos y el
receptor. En el caso de que éste no fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, domicilio y su
relación con el destinatario.

4. Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo o por cualquier otro medio idóneo de
comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las
medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos.

- Art.57 LPL -

Art. 57

1. Si las diligencias de comunicación no pudieran efectuarse en la forma indicada se practicarán mediante la entrega de cédula
al destinatario; si no fuese hallado se entregará aquélla al pariente más cercano o familiar o empleado, mayores de dieciséis
años que se hallaren en el domicilio y, en su defecto, al vecino más próximo o al portero o conserje de la finca.

2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del interesado se podrá entregar la cédula a cualquiera de las personas antes
mencionadas y a quien por su relación con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto de comunicación.

3. Se hará saber al receptor que ha de cumplir el deber público que se le encomienda; que puede ser sancionado con multa de
2.000 a 20.000 pesetas si se niega a la recepción, o no hace la entrega a la mayor brevedad; que ha de comunicar al órgano
judicial la imposibilidad de entregar la comunicación al interesado, y que tiene derecho al resarcimiento de los gastos que se le
ocasionen.

Art. 58

1. Las cédulas, a las que se acompañará copia literal del acuerdo, contendrán los siguientes requisitos:

a) El Juzgado o Tribunal que haya dictado el acuerdo, la fecha de éste y el asunto en que haya recaído.

b) El nombre de la persona a quien se dirige.

c) Fecha de expedición de la cédula y firma del Secretario.

2. En las cédulas de citación a las partes para prestar confesión judicial, en las de testigos, peritos y asesores, se consignarán,
además de los requisitos mencionados en el apartado anterior, los siguientes:

a) El objeto de la citación.

b) El lugar, día y hora en que deba comparecer el citado.

c) La prevención de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En esta cédula no se insertará
copia de la resolución que hubiere acordado la citación.

3. Para constancia de las diligencias de citación, notificación, emplazamiento y requerimiento se unirá a los autos un duplicado
de la cédula, que contendrá los siguientes extremos:

a) Fecha de la diligencia.

b) Firma de la persona a quien se haya entregado la cédula y, si no fuere el interesado, su nombre, documento de
identificación, domicilio y relación con el destinatario.

c) Firma del Secretario, haciendo constar, en su caso, si el notificado no quisiera o no pudiera firmar.

Art. 59

Cuando una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables, no conste el domicilio del interesado, o se ignore
su paradero, se consignará por diligencia y el Juzgado o Tribunal mandará que se haga la notificación, citación o
emplazamiento, por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la cédula en el "Boletín Oficial" correspondiente, con
la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento.

- Art.24 CE - Art.57 LPL - Art.58 LPL -

Art. 60

1. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que
se hubiera mandado en la resolución. En los requerimientos se admitirá la respuesta que diera el requerido, consignándolo
sucintamente en la diligencia.

2. Cuando estas diligencias deban entenderse con una persona jurídica se practicarán, en su caso, en las Delegaciones,
sucursales, representaciones o agencias establecidas en la población donde radique el Juzgado o Tribunal que conozca del
asunto aunque carezcan de poder para comparecer en juicio las personas que estén al frente de las mismas.

3. Los actos de comunicación con el Abogado del Estado así como con los Letrados de la Administración de la Seguridad
Social, se practicarán en su despacho oficial.

Estas diligencias se entenderán, respecto de las Comunidades Autónomas, con quien establezca su legislación propia.

4. Cuando se trate de comités de empresa, las diligencias antedichas se entenderán con su presidente o secretario y, en su
defecto, con cualquiera de sus miembros.

5. Cuando la citación o emplazamiento haya de hacerse por medio de exhorto se acompañará la cédula correspondiente.

Art. 61

Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este capítulo. No
obstante, si el interesado se hubiere dado por enterado, la diligencia surtirá efecto desde ese momento.

Art. 62

1. El Secretario deberá expedir oficios, exhortos, mandamientos y recordatorios interesando la práctica de actuaciones que
dimanen de su ámbito de competencia.

2. En cualquier caso, el Juez o la Sala podrá encomendar al Secretario que practique estos actos de cooperación judicial.

Art. 63

Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o
ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios
colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Art.83 ET - Art.59 ET -

Art. 64

1. Se e