Obvias razones de planificación y ejecución de la política económica y social, así como la obligación por parte del Estado español de cumplir los compromisos que en materia de estadística tiene contraídos con determinados organismos internacionales -como la Organización Internacional de Trabajo, a través del Convenio número 63-, hacen necesario establecer los mecanismos que permitan el conocimiento de los datos precisos para el seguimiento de la evolución de la negociación colectiva.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 1981, dispongo:
1. Se crea un Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo en la Dirección General de Trabajo y Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Igualmente, existirá un registro de convenios en cada una de las Delegaciones de Trabajo y en las sedes de las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias en materia de convenios colectivos de trabajo.
2. Los asientos registrales se llevarán en libros habilitados a tal fin, visados por la autoridad laboral competente.
3. El depósito de los convenios, una vez registrados, queda encomendado al Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
4. Tanto los registros como el depósito de convenios tendrán el carácter de públicos.
Serán objeto de inscripción en los indicados registros:
Los asientos de los registros de convenios a que se refieren los apartados b) y c) del artículo anterior expresarán con precisión la determinación de las partes que conciertan, la ficha del acuerdo y, separadamente, su ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
Los demás actos inscribibles, para su adecuada identificación, contendrán precisa remisión al convenio a que se refieren.
De todo asiento se dará comunicación a las partes.
En el supuesto de que la autoridad laboral efectuase la comunicación de oficio a que se refiere el apartado 5 del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, al hacer constar tal hecho en el correspondiente asiento se hará mención expresa de las normas que se estimen conculcadas o los intereses de terceros presuntamente lesionados, debiendo constar estas circunstancias asimismo en la notificación que se practique a la comisión negociadora. En lo referente al registro definitivo y publicación del convenio, se estará a lo que disponga la sentencia del órgano judicial, cuyo contenido se reflejará asimismo en el registro.
Las Delegaciones de Trabajo y las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas enviarán al Registro Central de Convenios de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, en el plazo de ocho días hábiles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros.
Igualmente deberán enviar tres ejemplares del Boletín o Boletines Oficiales de la Provincia o Comunidad Autónoma en que aparezca publicado el texto de los convenios adhesiones a los mismos, revisiones salariales y cualesquiera otros documentos inscribibles, conforme al artículo 2.
La Dirección General de Trabajo realizará directamente en el Registro Central los asientos correspondientes a las materias del artículo 2 que le estén atribuidas en primera instancia.
A fin de iniciarse el trámite previsto en el artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores y dentro del plazo de quince días a partir de la firma del convenio, o de la adhesión , en su caso la comisión negociadora deberá presentar ante la autoridad laboral competente el texto del convenio colectivo acompañado de la documentación que procediera, según la naturaleza y características del mismo.
Como mínimo dicha documentación comprenderá:
Las Delegaciones de Trabajo y las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas remitirán, en el plazo de quince días hábiles, las hojas estadísticas a la Dirección General de Trabajo y Migraciones que, en unión de las directamente recibidas, dará traslado de las mismas a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a efectos estadísticos.
Lo dispuesto en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Nacional de Estadística en las materias propias de su competencia.
Los errores u omisiones observados en los asientos e inscripciones se subsanará de oficio o a petición de quien se considere interesado; contra la negativa a la misma podrá reclamarse ante la autoridad inmediata superior de quien dependa la que tuviere a su cargo el registro y su decisión será irrecurrible.
Primera. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para modificar las hojas estadísticas anexas, así como para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto.
Segunda. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto, que será de aplicación en todo el territorio nacional y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.