Sin embargo, en el ámbito del trabajo se actúa, a veces, al margen de este principio y se colocan los intereses económicos por encima del derecho a la salud. Así se hace cuando se opta por pagar un plus o una sanción económica en vez de implantar medidas de prevención contra los riesgos.
También, cuando se pretande mejorar la competitividad a costa de reducir la inversión en salud y seguridad. O cuando se supedita la salud laboral a lo que sea "razonable y factible" desde el punto de vista empresarial.

La reciente ley de Prevención de Riesgos Laborales pretende ser un instrumento para hacer efectivo el derecho a la salud en el tabajo. Pero las leyes no son suficientes. Hay que cambiar, además, la mentalidad. Los trabajadores/as deben rechazar cualquier forma de intercambio de salud por dinero. Los empresarios, por su parte, debe considerar la salud laboral no como una cuestión de altruismo sino como un derecho del trabajador/a que debe formar parte integrante de la gestión empresarial.

Los sindicatos debemos exigir el cumplimiento de las leyes pero, además, estimular y apoyar estos cambios de sensibilidad social.